VOTO EN PRISIÓN: RICARDO GIL LAVEDRA (UCR-CAPITAL FEDERAL)

 GACETILLA DE PRENSA ENVIADA A  NOTICIAS IPI

EL DERECHO AL VOTO EN PRISIÓN

El diputado radical Ricardo Gil Lavedra presentó un proyecto de ley que extendería a las personas condenadas a pena privativa de la libertad la posibilidad de emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.
En el año 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo Mignone, declarando la inconstitucionalidad del inciso d) del artículo 3 del Código electoral, que excluía del padrón a los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad. Esto permitió que alrededor de 42 mil presos sin condena pudieran participar de las elecciones de 2007 sin que produjeran incidentes ni se denunciaran irregularidades.
A pesar de los resultados positivos de esta experiencia, la posibilidad nunca se hizo extensiva a las personas que se encuentran cumpliendo una condena. En línea con numerosas decisiones de tribunales internacionales de derechos humanos, la propuesta pretende terminar con esta situación asegurando el derecho a votar para todas las personas que se encuentren privadas de su libertad. El diputado Ricardo Gil Lavedra sostuvo que  “debemos romper con la idea de que la condena penal constituye un argumento válido para restringir la posibilidad de votar. No existen argumentos suficientes para negarle a los condenados el derecho a elegir los candidatos que mejor expresen sus preferencias e intereses, al igual que el resto de la ciudadanía. Especialmente cuando ya se reconoce esta posibilidad a la mayoría de la población carcelaria.”
El legislador radical destacó que “la restricción al voto únicamente resalta la exclusión y el estigma que hoy son notas distintivas del castigo penal. Estoy convencido de que brindar esta posibilidad incentivará la responsabilidad y los valores democráticos, e influirá favorablemente en el proceso de resocialización.”
Numerosas organizaciones estatales y privadas vinculadas a la situación de las personas privadas de su libertad ya han expresado su adhesión general a la iniciativa. Entre ellas, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la PBA, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Igualitaria: Centro de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo, el Programa de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Poder Ciudadano, y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).  
El proyecto lleva las firmas de los diputados Ricardo Alfonsín, Pedro Tunessi (ambos de la UCR), Mónica Fein, Carlos Carranza, Horacio Alcuaz, Oscar Albrieu, Marcela Rodríguez, y Juan Carlos Vega

Vilma Ibarra, Victoria Donda Pérez, Liliana Parada, Adrián Pérez