SESIÓN DIPUTADOS: UCR Y EL CODIGO PENAL

GACETILLA DE PRENSA ENVIADA A  NOTICIAS IPI

Sesión del 27 de octubre de 2009

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS PODRAN SER QUERELLANTES

La Cámara baja aprobó un proyecto de modificación al Código Procesal Penal de la Nación, aceptando la participación de las asociaciones intermedias como parte querellante en procesos por delitos de acción pública en los que se investiguen crímenes de Lesa Humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. La UCR apoyó la iniciativa, aunque planteó la necesidad de ampliar esta facultad de querellar a otros ámbitos del derecho. Así lo explicó el diputado Pedro Azcoiti, Vicepresidente de la del Bloque de la UCR:

           
“El proyecto del PEN apunta a darle facultad de querellar a los organismos de derechos humanos en los procesos judiciales en los que estén afectados derechos humanos, particularmente delitos de lesa humanidad. Esto nos parece bien, pero esto debe ser más amplio, y eso es lo que sostenemos en nuestro dictamen de minoría.

           
El derecho de querella, según está establecido en el Código Procesal Penal está regulado con un carácter restrictivo. Es cierto que hay jurisprudencia, hay doctrina moderna que paulatinamente va ampliando el derecho de querella a diversos ámbitos en los cuales no solamente el particular afectado puede presentarse como querellante sino que habilitada a terceros particulares o también a personas jurídicas que puedan presentarse como querellantes. De hecho, no es solamente que stos intereses colectivos comprendan solamente a los derechos humanos.

            Derechos ambientales, derechos del consumidor, derechos sociales,  derechos económico sociales, demandan que nosotros autoricemos la querella de organizaciones, no solamente del damnificado de hecho.

           
De hecho, la CN en su artículo 43, si bien lo vincula estrictamente a la acción de amparo, acepta que con respecto a los derechos que protegen al medio ambiente, la competencia, el usuario y el consumidor, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que comprendan esos fines, pueden interponer acción de amparo.

           
Y hay jurisprudencia que ha ido un poco más allá, y que no solamente lo limita a la acción de amparo, sino a todo tipo de juicios. Así se ha resuelto en innumerables fallos. Un ejemplo es el caso Cabezas, donde participó la Asociación de Reporteros Gráficos.

           
Nosotros sostenemos esta línea que progresivamente ha ido ampliando esta facultad de querellar, y consideramos que es un error limitarlo exclusivamente a los organismos defensores de derechos humanos para que participen como querellantes.

           
Lamentablemente, a veces se toma la cuestión de los derechos humanos no como una bandera que nos debe cobijar a todos, sino que muchas veces se toma como una bandera para la especulación pública, agregó.

DESPENALIZAN DELITO DE CALUMNIAS E INJURIAS

Los diputado también aprobaron un proyecto de modificaciones al Código Penal sobre calumnias e injurias. Con esta nueva legislación se despenaliza el delito de calumnias e injurias para los casos en que no se actúa con real malicia. La UCR aprobó la iniciativa en general, aunque planteó su disidencia en varios aspectos puntuales de la norma. La diputada Silvana Giúdici (UCR – Capital) fue el miembro informante del Bloque de la UCR en este proyecto: “Creemos que es necesario dar este paso de modificación de los delitos de calumnias e injurias. Hace muchos años que estamos trabajando en una agenda ampliada por la libertad de expresión, y claramente el proyecto de modificación del tipo penal de calumnias e injurias era una necesidad que estábamos planteando. Pero lamentamos la forma en la cual la trata el oficialismo. Otra vez esta imperiosa necesidad de imponer una redacción, porque la presidenta envía un mensaje y no puede corrérsele una coma”.

“Habíamos arribado a previos consensos, que incluían la derogación del delito de calumnias a injurias. Pero lamentablemente al aparecer el proyecto del Ejecutivo ya no se puede modificar ni una coma. Es una pena porque podríamos haber enriquecido esta dirección, llegando a votar todos unidos. Pero otra vez se opta por el atajo y por la imposición de la mayoría.

           
Los proyectos que estaban a la vista eran cinco, más la propuesta del Poder Ejecutivo y la propuesta del CELS. Este tema que se viene discutiendo en la modernidad en relación al conflicto que existe entre el poder y la prensa. Siempre existe un conflicto entre la necesidad de la información y de la prensa de poder dar a luz los hechos públicos, y la resistencia de los funcionarios para que se conozcan sus actos y para que la sociedad tenga acceso directo a esa información.

           
Se podría logrado una mejor redacción que pudiera reflejar claramente la doctrina de la real malicia, pero que también modificara el artículo 1089 del Código Civil, porque si no se lo modifica, se abre una vía de contradicción, que seguramente dificultará la tarea de interpretación de la Justicia.    

          
  Este no es un gobierno que se caracterice por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Basta con recordar que en la Comisión de Libertad de Expresión, durante 2008 y 2009 hemos recibido entre 50 y 60 denuncias por año referidas a agresiones físicas a periodistas, reporteros gráficos, fotógrafos, amenazas de muerte a familiares de periodistas y trabajadores de prensa. La prohibición del ingreso a cubrir la tarea periodística. El levantamiento de programas por líneas editoriales críticas. La denegatoria del acceso a la información. La interferencia a distintos programas y radios. Y distintos hechos de saqueros, ataques, incendios, a distintos medios de comunicación. Todo esto es manera corriente. Por lo tanto, la profundidad de este debate no está dado solamente por la modificación del tipo penal, que es un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debemos cumplir, no es suficiente.

           
También hay que abordar de una vez el tratamiento de una ley de acceso a la información pública y una ley que regule la publicidad oficial. A través de la falta de regulación de publicidad oficial hay censura previa y hay autocensura y autolimitación de los periodistas, que antes de perder el ingreso de la publicidad oficial prefieren atenuar la crítica al Gobierno.

           
Pedimos que en casos como este, donde seguramente vamos a encontrar consensos, no busquemos la vía del avasallamiento permanente de las minorías. Podríamos haber arribado a una consenso absoluto a esta sesión, sintiendo que todo lo que habíamos hecho previamente al proyecto enviado por el Ejecutivo, no sirvió para nada.

            Entre otros proyectos que se aprobaron hoy, se incluyó el proyecto de regulación del transporte manual de cargas, que entre otras cosas propone una reducción en el peso de la carga que deben transportar manualmente los trabajadores. El diputado Pedro Morini (UCR – Santa Fe) celebró esta medida y señaló que es “una vieja deuda con los trabajadores argentinos, que veníamos atrasados con respecto a la legislación de otros países”.