GAS Y LUZ: RADICALES RECLAMAN ELIMINAR DECRETOS

GACETILLA DE PRENSA ENVIADA A  NOTICIAS IPI

En sesión especial, reclamaron la eliminación de los decretos y resoluciones que convalidan aumentos desproporcionados en las facturas recibidas en sectores medios y altos de la población.  

DIPUTADOS RADICALES REPUDIARON EL AUMENTO DE TARIFAS DE GAS Y ELECTRICIDAD Y LO CALIFICARON DE DISCRECIONAL

Los legisladores de la UCR  señalaron además, que las políticas públicas implementadas por el Gobierno nacional en materia energética, fracasaron en su objetivo de favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Diputados de la Unión Cívica Radical criticaron el modelo prestacional de servicios públicos energéticos implementado por el Gobierno nacional, por su “imprecisión”, al tiempo que denunciaron “márgenes de discrecionalidad que ese programa deja en manos del poder administrador”, sin definir con claridad “los roles que desempeñan el Estado y el Mercado”.

Un claro ejemplo de ese modelo “híbrido de gestión” es la constitución de numerosos fondos fiduciarios que subsidian inversiones del sector privado.

En este sentido señalaron que la aplicación de precios artificialmente bajos en el mercado eléctrico desde el año 2003, desfinanció el fondo compensador de la compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) en 2005, según datos de la auditoría realizada por el Programa de Políticas Energéticas de la Secretaría de Energía.

Esta resolución, no hizo más que agravar la situación energética de la Nación, a raíz del desplome en la producción de gas natural, que derivó en el incremento del uso de combustible importado -particularmente el fuel oil- cuyo costo de producción es varias veces superior al del gas.  

Paralelamente, el subsidio de energía eléctrica atrajo para ese sector, recursos del Fondo Unificado, previsto en la Ley 24.065 para financiar inversiones. En este aspecto CAMMESA distribuyó los fondos de compensación con demoras e importó fuel oil de Venezuela en el año 2004, sin justificarlo.  

En este sentido, los legisladores radicales recordaron que recursos del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal, fueron asignados a obras que no eran consideradas prioritarias, en los propios planes de la secretaría de Energía.

A modo de ejemplo, en el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado, de la línea de alta tensión del Sur, construido  entre 2005 y 2006, con una inversión global de 792 millones de pesos, tuvo un costo por kilómetro superior al 40 % al de la traza Choele Choele-Puerto Madryn, ejecutado un año antes. Esto motivó una auditoría específica sobre los costos de la obra, incluida en los planes de la Auditoría General de la Nación (AGN) de  2009.

En este aspecto, los diputados de la UCR, lamentaron que el Programa de Tarifa Social, previsto específicamente en las actas acuerdo de renegociación de los contratos de servicios públicos, nunca se implementaron, a pesar que ya se cumplieron dos años de su ratificación. 

Uno de los puntos vulnerables, es sin dudas, el Programa de Garrafa Social creado en el año 2003 y vigente hasta 2008, queda como estigma de una política que rompió el diseño original por fallas graves en su implementación: Insuficiencia en sus puntos de venta, falta de difusión y ausencia en los controles de calidad. Finalmente debió ser reemplazado por un nuevo programa social.

En cuanto a los aumentos tarifarios dispuestos por el Poder Ejecutivo a través del decreto 2067/09 para los servicios de electricidad y gas, al disminuir drásticamente subsidios y fomentar el uso racional de la energía, repercutió negativamente en toda la sociedad, particularmente en los sectores mas pobres.    

El nuevo Acuerdo de Estabilidad de Precios presenta un diseño descentralizado  y de base convencional, atado a los convenios que suscriba en el futuro la secretaría de Energía y que seguramente provocarán dilaciones en su ejecución.

En este sentido, la resolución ENRE 324/2008 aprobó un nuevo cuadro tarifario del servicio de distribución de energía eléctrica para Edenor, Edesur y Edelap, pero no brindó especificación alguna sobre los montos recaudados a través del incremento tarifario, cuya proyección ronda los 300 millones de pesos anuales.

Paradójicamente, el ENRE, a través de la resolución 356/2008 especifica que las empresas concesionarias deberán informar a los usuarios en sus facturas, que los montos recaudados por el aumento de tarifas, serán destinados a inversiones que mejorarán el servicio.

En este aspecto, Edesur afirma que el aumento tarifario procura cubrir costos operativos de la empresa y que el plan de inversiones está prácticamente suspendido. En el Caso de Edenor, no se puede determinar con claridad, cuales serán las inversiones que se financiarán con los nuevos recursos recaudados.

Para el Bloque radical se debería buscar una mejor institucionalidad, reconstruyendo la capacidad del Estado nacional para fijar con criterio estratégico la política energética. Es de esperar que la nueva composición del Congreso, abra un escenario más favorable para el ejercicio de las funciones de control, propias del Poder Legislativo.   

Los diputados consideran que el Ministerio de Planificación debería definir criterios de energía a largo plazo, reorientar la ecuación energética diversificando las fuentes, priorizando las renovables y no contaminantes. La Argentina debe definir las modalidades de abastecimiento externo. En el sector petrolífero, es necesario lanzar una política exploratoria agresiva, liderada por el Estado nacional y coordinada con las provincias. En este aspecto, señalan que el Estado debe ejercer roles indelegables, fijar y hacer cumplir la política, actuar como promotor y facilitador, ser garante de los contratos y participar de la renta petrolera.