LOS MILLONES DEL DECRETO: MARCELA RODRÍGUEZ

GACETILLA ENVIADA DESDE DESPACHO LEGISLATIVO A  NOTICIAS IPI

¿CUÁL FUE EL DESTINO DE LOS CASI $ 37.000 MILLONES DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA?

La diputada Marcela Rodríguez solicitó información sobre los destinos de los casi $ 37.000 millones de la ampliación del Presupuesto 2008, dispuestos por el DNU 1472/08 y su Anexo de 580 páginas, del 15 de septiembre de 2008. Si bien este Decreto fue tratado en la Comisión Bicameral, nunca fue tratado ni aprobado por ninguna de las Cámaras del Congreso.

La ampliación del Presupuesto Nacional 2008, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1472/08, firmado por la Presidenta, y la falta de información sobre el real destino de estos fondos, que alcanzaron la suma de $ 36.727 millones (casi un 25% más del cálculo original), motivó un Pedido de Informes elevado esta semana por la diputada nacional Marcela Rodríguez (CC) al Poder Ejecutivo.

La legisladora invocó el Reglamento General del Acceso a la Información Publica para el Poder Ejecutivo Nacional, para inquirir sobre algunos temas “a modo de caso testigo”, sobre los cuales requiere información en particular.

Entre ellos, solicitó información sobre “las instituciones, beneficiarios, montos, característica y razones” que han justificado el aumento de $ 9.470 millones al presupuesto del Ministerio de Planificación Federal gestionado por Julio De Vido, aumento que se sumó a los 18.550 millones otorgados a su cartera en un comienzo. Rodríguez también quiere conocer los resultados de esas inversiones, y si “han cumplido sus objetivos originales”.

Recordamos que al dictarse el D.N.U. y asignarse los fondos, no se han explicitado en qué proyectos están encuadrados, las características, prioridades y mucho menos las razones de esta medida. Por ejemplo, dentro de las transferencias a Empresas Privadas del Transporte Aerocomercial se destaca que $590 millones han sido asignados a Aerolíneas Argentinas S.A, y más de $490 millones sin discriminar el beneficiario. En igual sentido se presenta la política de transporte automotor, donde los más de $1000 millones de subsidios se perfeccionan mediante el Fondo Fiduciario del SIT, con todos los problemas en cuanto a la opacidad informativa hartamente conocida. Todo esto también alcanza a las transferencias al sector ferroviario, a la administradora del mercado eléctrico mayorista Cammesa y a “operadores privados de la energía”.

Precisamente sobre este último ítem, Marcela Rodríguez reclamó un detalle “de las personas físicas y/ o jurídicas que son perceptoras de Transferencias de recursos presupuestarios, individualizando monto, características y razones que hayan justificado las mismas”.

En cuanto al artículo 16 del Decreto, sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para hacerse de las reservas necesarias y cerrar la operación de cancelación de la deuda con el Club de París (si bien este decreto no fue efectivizado), Rodríguez pidió que se pormenorice “los usos de las Reservas Internacionales, préstamos concedidos, etc., identificando las instituciones receptoras, condiciones financieras, características y razones que han justificado cada una de las mismas”.

En otro sentido se destacan  los millonarios avales que han sido otorgados por a partir de los artículos 9, 10 y 11 del citado Decreto, que ascienden a más de U$D 1782 millones. Estos no cumplen siquiera los presupuestos mínimos en cuanto a la información sobre las condiciones financieras, beneficiarios, etc. según lo determina la Ley de Responsabilidad Fiscal Federal (Nº 25.917, art 23º; Dec. Nº 1731). Por ello, Rodríguez inquirió que se informe los elementos que han sido considerados para incluir los avales otorgados, especificando las condiciones financieras, económicas y físicas que hacen viables el repago de los mismos.

Un párrafo especial

Un párrafo especial, merecen los 15.127 millones del DNU destinados a "aplicaciones financieras", como, por ejemplo, reforzar el fondo anticíclico de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). En lo referido a esta Administración y en particular al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Marcela Rodríguez solicitó “individualizar y desagregar al máximo grado de detalle posible, la ejecución de presupuestaria de las citadas reparticiones, desde el ejercicio 2007 a la fecha, considerando los objetivos y metas respectivas”.

Asimismo, pidió informes sobre la estructura de inversiones del FGS, “tipificando por tipo de instrumento, la rentabilidad esperada, riesgo, moneda, plazo, etc., como también los criterios financieros, económicos y sociales que se han tenido en cuenta para realizar las colocaciones”.

Finalmente, la legisladora requirió informes sobre los subsidios otorgados al transporte automotor, a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario - y que duplicó su presupuesto- y la política de asistencia financiera a las provincias, solicitando en este último caso “discriminar las provincias beneficiarias, detallando monto y condiciones”, entre otras características de la ejecución de esta política.